Opinión | Irene Tello Arista
El Universal
Por segundo año consecutivo Impunidad Cero presentó el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías, elaborado por el doctor Guillermo Zepeda Lecuona. El Índice analiza el rendimiento de las instituciones estatales de procuración de justicia a partir de 8 indicadores (número de fiscalías por cada 100 mil habitantes, presupuesto per cápita para la procuración de justicia, entre otros).
Algunas de las cosas que más llamaron la atención en medios respecto al Índice son los estados con las procuradurías mejor evaluadas (Chihuahua, Colima, Yucatán) y las peor evaluadas (Puebla, Guerrero, Michoacán); el tiempo medio para denunciar un delito (134 minutos a nivel nacional), así como la impunidad en homicidio doloso (83% a nivel nacional).
Sin embargo, algunas cosas que el doctor Zepeda Lecuona explica en el Índice no recibieron tanta atención y vale la pena analizarlas. Una de ellas tiene que ver con los recursos humanos y financieros que los estados destinan a la procuración de justicia. Aunque es indispensable contar con estos recursos, otros elementos como los modelos de gestión y de investigación que establecen las fiscalías son incluso más importantes.
Analizando a detalle la efectividad en la investigación de los dos sistemas (el sistema acusatorio y el sistema penal tradicional), se obtiene que en México la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.14%. Esta alarmante cifra se debe a la enorme cantidad de delitos que no se denuncian, a que no todo delito denunciado se investiga y a la baja efectividad de esclarecimiento de los delitos. Esto no es igual al porcentaje de delitos que reciben condena, pues sólo se refiere a la labor de las procuradurías y fiscalías (determinar si hay o no un delito que perseguir y un probable responsable), de ahí se tiene que hacer un análisis de los delitos que reciben una condena. Es decir, el porcentaje de impunidad es mayor. Respecto a este indicador, como el resto, no es homogéneo el desempeño de las procuradurías estatales.
Además de tener una baja efectividad de investigación, las procuradurías y fiscalías estatales tienen baja capacidad de cumplir órdenes de aprehensión. En el país tan sólo 49.7% de las órdenes de aprehensión son cumplidas, esto es grave, ya que la eficacia de las unidades de investigación se pierde si no se tiene la capacidad de encontrar a la persona imputada. Por otro lado, gran parte de las condenas que se dictan en el país (53%) corresponden a menos de tres años de prisión. Esto es un indicador de una política criminal mal focalizada, ya que los delitos con esta sanción suelen ser delitos menores o no violentos. Todo ello redunda en un mal uso de los recursos del sistema penal que deberían usarse para los delitos de mayor impacto.
Aunque algunas fiscalías y procuradurías estatales salen mejor evaluadas que otras, comparadas con el estándar óptimo (de 600 puntos) que desarrolla el doctor Zepeda Lecuona, todas salen reprobadas. Cabe destacar que incluso respecto a este estándar no es lo mismo el desempeño de la procuraduría de Chihuahua con 303 puntos, que el de la fiscalía de Guerrero que sólo obtiene 134 puntos. Varios son las aspectos que valen la pena destacarse de este estudio del doctor Zepeda, entre ellos las buenas prácticas que han implementado algunas fiscalías para hacer frente a la enorme cantidad de delitos que acontecen en sus estados. Si no se analiza el desempeño de las fiscalías y procuradurías estatales con detenimiento, no se podrá hacer frente a la grave crisis de impunidad que estamos viviendo.
