Tiro Libre
Anwar Moguel
La controvertida decisión del presidente Enrique Peña Nieto de desaparecer las policías municipales tomada a raíz de los trágicos hechos en Iguala, Guerrero, donde agentes municipales participaron en la detención y presunto asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, ha causado zozobra y confusión entre ciudadanos y los mismos policías, que no saben a ciencia cierta los pormenores del nuevo modelo de seguridad nacional.
Lo primero que hay que tener claro es que, luego de que la propuesta presidencial sea aprobada por el Congreso de la Unión –lo que está en veremos porque se oponen buena parte de los legisladores del PAN y PRD–, el cambio no será inmediato, pues el experimento peñanietista iniciará únicamente en cuatro estados: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, entidades que tendrán un lapso de dos años para concretar la transición al mando único.
En esas cuatro entidades que se caracterizan por ser zonas “calientes”, con alta presencia del crimen organizado y con las policías municipales plenamente infiltradas por el narco, se empezará a pilotear la estrategia de seguridad. En esos dos años se ajustarán planes, se corregirán pormenores, y se verán a fin de cuentas los resultados para replicar finalmente el mando único en los 28 estados restantes.
Para ser más claros, no habrá mando único en Quintana Roo al menos durante todo el 2015.
Sin embargo es un hecho que la política de seguridad nacional va encaminada a la desaparición –tarde o temprano- de las Policías Municipales, por lo que tanto Ayuntamientos como el gobierno estatal deberán empezar a preparar las bases para una eventual transición.
En cuanto al impacto político, hay muchas voces a favor y otras tantas en contra de la desaparición de las corporaciones municipales. A nivel legislativo, senadores del PAN y PRD se fueron a la yugular de la propuesta, señalando que es una estrategia “centralista y autoritaria”, además de que consideran que dicha iniciativa podría empeorar los problemas de violencia ya que los gobernadores no están exentos de tener vínculos con el crimen organizado.
También reprobaron que de alguna manera con esta decisión se está culpando a los municipios de la grave inseguridad que afecta al país, mientras que los gobiernos estatales y federales se lavan las manos.
A nivel local la principal preocupación de la desaparición de la Policía Municipal es de los agentes que podrían quedar desempleados, aunque la iniciativa propone la absorción de los policías municipales a la corporación estatal con la única condición de aprobar los exámenes de control y confianza.
Por el contrario, diputados locales, autoridades municipales y la mayoría de los miembros del Cabildo capitalino ven con buenos ojos la propuesta de Peña Nieto al considerar que traería beneficios no solo en materia de seguridad, sino incluso en los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía.
Al respecto, el Secretario General del Ayuntamiento, Jorge Aguilar Cheluja, comentó que la transición al mando único en el estado además de otorgar más control y una mejor estrategia de seguridad, es benéfico económicamente para el municipio que podría ahorrar entre nueve y diez millones de pesos al año, recursos que podrían utilizarse para mejorar servicios como recoja de basura, parques, alumbrado público, entre otros.
“Yo creo que no es problema porque la policía estatal sigue aquí en Chetumal, se va a seguir atendiendo a la ciudad. Siendo funcionario municipal te puedo decir que bueno, ya no tendré el control de la seguridad, pero sí puedo dar mejores servicios, desgraciadamente en un municipio de 220 mil personas teniendo 300 elementos de la policía no se puede hacer nada, te quedas corto de brazos”, señaló.
La realidad, los pros y contras del mando único, se verán en la práctica, y la puesta en marcha en los cuatro estados ya mencionados será el indicador principal para saber si en Quintana Roo contaremos con este modelo policial en el corto plazo. Como sea, no será antes del 2016.
Desde las aulas…
En materia educativa el 2015 inicia con grandes retos para todos los actores del sector, sobre todo porque se pretende que este sea el año de consolidación de la Reforma Educativa aprobada desde 2013.
Y es que los cambios propuestos en la polémica reforma han avanzado a paso de tortuga y sobre un campo minado, con un avance ralentizado debido en primer lugar a las protestas magisteriales que se desataron por todo el país durante el 2013 y en segundo lugar por la natural transición administrativa.
Será entonces el 2015 cuando entren en vigor las nuevas reglas del juego, con los maestros recibiendo sus salarios directamente de la federación a través del esquema denominado FONE y presentando en este año el primer examen universal, uno de los puntos previstos en el nuevo sistema de evaluación magisterial.
También se pretende que la estrategia evaluativa diseñada desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) empiecen a funcionar en Quintana Roo con las figuras de evaluadores certificados y tutores.
Los sindicatos también están poniendo sus barbas a remojar porque, hasta el momento, la reforma establece que eventualmente los que cumplen comisiones sindicales tendrán que solicitar licencia sin goce de sueldo y recibir su remuneración de los recursos propios de la organización. Al respecto el secretario de Educación, José Alberto Alonso Ovando, señaló en diciembre del año pasado que de no haber un cambio en la normatividad en los próximos meses los comisionados sindicales estarán obligados a acatar la ley.
El campo de juego es completamente distinto, y el reto para todos los que forman parte del sector educativo es estar bien capacitados y bien enterados de lo que viene para adaptarse, de la mejor manera, a esta nueva realidad.
