Tiro Libre
Anwar Moguel
Novedades Chetumal
.
Los Poderes y algunos órganos desconcentrados del gobierno quintanarroense tendrán una jugosa tajada del erario para 2017 gracias a una serie de reformas impulsadas por el gobernador Roberto Borge Angulo y aprobadas el pasado 25 de junio por los diputados del Congreso local, que establece porcentajes mínimos para asignar el presupuesto anual a los Poderes Legislativo y Judicial, a la Fiscalía General de Justicia, al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) y al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo).
Estas reformas, que no causaron tanta alharaca como el llamado “paquete de blindaje” e incluso pasaron desapercibidas para la opinión pública, pueden ser más lesivas para la ciudadanía, porque se asignan recursos multimillonarios a estas instancias burocráticas cuya retribución en beneficios para los quintanarroenses es cercana al cero.
El campanazo lo dio la periodista Joana Maldonado, quien reveló que el presupuesto destinado para el Congreso local en el ejercicio de 2017 –gracias a este remiendo constitucional– será de al menos 734 millones de pesos, es decir, un aumentito de 283 millones en relación al presupuesto de este 2016. ¡Gulp!
Y sí, el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo establece que el Poder Legislativo ejercerá su presupuesto de manera autónoma, el cual no deberá ser menor al 3 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad.
Tomando como base el presupuesto de este 2016, que fue de 24 mil 485 millones 736 mil 208 pesos, el tres por ciento que le correspondería al Poder Legislativo sería de 734 millones 572 mil pesos.
Con esto, el Congreso de Quintana Roo se convertirá por decreto en el más caro a nivel nacional en relación al número de habitantes, ya que por cada quintanarroense el Poder Legislativo recibirá unos 486 pesos.
Actualmente, el más oneroso es el Congreso de Baja California Sur, entidad donde a cada habitante le cuesta poco más de 260 pesos mantener a sus diputados.
Pero no solo el Congreso se servirá con cucharón en 2017, sino también el Poder Judicial, que se embolsará también un 3 por ciento del presupuesto estatal, o sea, poco más de 734 millones de pesos, lo que representa un incremento presupuestal de 260 millones de pesos sobre lo ejercido en 2016.
La otra dependencia grandemente beneficiada será la Fiscalía General –antes Procuraduría de Justicia– a la que se le asignará al menos el 2.8 por ciento del presupuesto estatal, unos 685 millones 600 mil 613 pesos, casi 130 millones de pesos más.
Complementan el listado de órganos beneficiados con esta reforma el Idaipqroo, el Teqroo, la Cdheqroo, que tendránaumentos presupuestales de entre 4 y 5 millones de pesos cuando menos.
La acción legislativa para dar “certeza presupuestal” a estos poderes y organismos hace saltar el “sospechosismo” –Creel dixit– por el hecho de que las reformas constitucionales se aprobaron al cuarto para las doce, justo en el periodo de transición de un gobierno estatal priista a otro no priista.
La especulación se alimenta del hecho de que todos estos poderes y organismos están bajo control de funcionarios priistas, cercanos al grupo que aún está en el poder, con la única incógnita del Congreso local, donde la disputa por la Gran Comisión está en su punto más álgido, a solo días de que entre en funciones la XV Legislatura.
¿Acaso el PRI pensó en “blindarse” económicamente para los difíciles años que vienen con el presupuesto de estos órganos autónomos? ¿O sólo se trató de una movida política para debilitar al gobierno entrante? ¿Quizá fue un acto deliberado de provocación?
Sin importar la razón, el incremento es injustificado, porque esos 600 millones de pesos o más que se destinarán a nutrir a la alta burocracia estatal, hacen mucha falta en rubros de verdadero impacto social, como seguridad, salud y educación.
