Tiro Libre
Anwar Moguel
Novedades Chetumal
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Los trabajos de entrega recepción entre el gobierno saliente y el entrante están sacando a la luz la podredumbre que había permanecido escondida debajo de las alfombras en las dependencias estatales, evidenciando un problema generalizado de corrupción rampante que va desde sospechosas deudas e irregularidades en el manejo de los recursos públicos, hasta el saqueo descarado.
Los recientes informes que ha brindado el coordinador general del equipo de transición, el panista Francisco López Mena, y el enlace de Finanzas y Contraloría, Juan Vergara, exponen un panorama verdaderamente sombrío para el gobierno entrante, pues todas las áreas del gobierno están hinchadas de pestilente pus.
En el primer reporte, López Mena con palabras tajantes precisó que Carlos Joaquín González estará recibiendo un estado en quiebra, con una deuda pública astronómica que de entrada lo obligará a renegociar los contratos bancarios para tener al menos algo de margen de maniobra.
Pero este miércoles en conferencia de prensa en Chetumal se presentaron los resultados específicos de cuatro importantes organismos gubernamentales -Educación, Fiscalía, Seguridad Pública y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social-, en los que encontraron un verdadero cochinero.
En Educación detectaron observaciones en el uso de recursos por más de 921 millones de pesos, una cifra que espanta y que, de no solventarse, será un lastre para la nueva administración. Además se encontró un rezago en el pago de becas escolares por casi 77 millones de pesos.
La Fiscalía padece una serie de males operativos que explican la ineficiencia exhibida por la dependencia. La ex Procuraduría carece de infraestructura y sobre todo de personal capacitado para aplicar el nuevo sistema de Justicia Penal, no cuenta con suficientes patrullas ni recursos para ejecutar operativos, y lo peor de todo, existe una montaña de expedientes de investigaciones estancadas.
En Seguridad Pública los principales problemas reportados por el equipo de transición incluyen la alta tasa de reprobación en los exámenes de confianza, la falta de patrullas y equipo, el pésimo estado de las cárceles estatales, consideradas las peores del país, y el crónico mal del exceso de policías comisionados como escoltas, choferes y mandaderos de altos funcionarios. De hecho, casi la mitad de los elementos se dedican a cuidar en exclusiva a políticos y servidores públicos, mientras la otra mitad atiende a toda la población.
A pesar de la cantidad de basura expuesta por el equipo de transición, los funcionarios salientes tienen una visión contrastante, minimizando los profundos males que mantienen postrada la administración estatal.
De entrada, el propio gobernador Roberto Borge rechazó que hereda un estado en quiebra, y lo secundó su secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, que en su comparecencia ante los diputados de la actual Legislatura no se cansó de repetir que no es para tanto, que las deudas son manejables, que no hubo transas y que la entidad es un mundo de caramelo.
Los cuestionamientos de los legisladores no hicieron mella en su versión “rosa” de las finanzas estatales y hasta salió con una sonrisa en la boca.
La misma actitud campechana han mostrado los otros funcionarios que han comparecido en el Congreso. Juan Lorenzo Ortegón se autocalificó con un ocho y se apapachó por su trabajo en Salud, aunque el sector está en terapia intensiva; el Fiscal Arturo Álvarez Escalera y el titular de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader, perjuraron que todo está bien en sus respectivas dependencias, mientras que la cuestionada directora del Instituto de Patrimonio Estatal (IPAE), Claudia Romanillos, ni peló a los legisladores.
El contraste entre las perspectivas de los que se van y los que llegan es abismal, y el panorama solo será aclarado con la aplicación de las auditorías prometidas, que serán el primer reto del gobernador entrante.
