Chetumal, 6 de julio
Anwar Moguel
Después de que esta semana se diera a conocer que unas 250 personas fueron víctimas de una estafa con la supuesta venta de plazas laborales en la Secretaría de Salud (SESA), caso que ha salpicado a altos funcionarios de esa dependencia y al líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (Sutage), Roberto Poot Vázquez, el Oficial Mayor de Gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, reveló que esa dependencia encargada del control burocrático de los organismos del Gobierno del Estado abrió una investigación al respecto para encontrar a los culpables y proceder legalmente, sin importar quien o quienes sean.
“Ya estamos enterados acerca del tema de la denuncia por venta de plazas en Sesa, en la Oficialía Mayor estamos muy pendientes del proceso que se lleva a cabo y quien sea responsable asumirá las consecuencias de sus actos”, advirtió el funcionario.
Sobre las acusaciones vertidas por las víctimas de este monumental fraude en contra de la directora administrativa de la Secretaría de Salud, Martha Patricia González, y el líder del Sutage Roberto Poot, aclaró que la funcionaria no ha sido suspendida y se encuentra todavía en funciones, aunque bajo investigación para verificar su participación en estos hechos.
De Roberto Leonardo Poot Vázquez, líder del Sutage, quien es señalado como el destinatario de la cosecha estimada en 5 millones de pesos producto de la estafa a estas 250 personas, indicó que el dirigente del Sutage le informó que interpondrá una demanda contra una mujer de nombre Caridad, a la que señala como la culpable de esta situación y que es la que lo ha involucrarlo en el escándalo.
Alamilla Ceballos anticipó que el Gobierno del Estado no protegerá a ningún funcionario estatal ni al actual líder sindical de los burócratas en caso de que se compruebe su responsabilidad. “Hay una investigación en proceso y el Gobierno del Estado será respetuoso del actuar de las autoridades”, manifestó.
Como dato adicional, las personas que han denunciado este fraude aseguran que pagaron entre 35 mil y 70 mil pesos por plazas administrativas y médicas para laborar en Centros de Salud y en Unidades de Especialidades Médicas (Unemes).
