Opinión

Logros y retos de la Justicia en Quintana Roo

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Tiro Libre | Anwar Moguel
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Con un amplio desglose de las acciones realizadas en lo que va de su gestión, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, rindió el pasado martes su Tercer Informe de Actividades en el que, si bien destacó los notables avances en implementación de justicia, innovación de procesos y mejoramiento administrativo e infraestructura, también reconoció las desafiantes dificultades que se enfrentan en una entidad con una dinámica demográfica muy particular.

En sesión solemne que por causa de la pandemia se transmitió a través de medios digitales, León Ruiz enumeró los logros del Programa para la Impartición de Justicia 2017-2022, entre ellos el abatimiento del rezago de sentencias del sistema penal tradicional, que permitió que el porcentaje de personas recluidas sin sentencia bajara del 74 al 21 por ciento en un esfuerzo sin precedentes.

El crecimiento en la implementación de la oralidad en el estado también ha sido notorio, ya que por primera vez se registró un mayor número de juicios de Primera Instancia conforme al nuevo sistema de justicia penal en comparación al sistema tradicional. Un 52 por ciento del total de estos juicios fueron orales.

El mejoramiento de la infraestructura de los Centros de Convivencia Familiar, el reforzamiento de la capacitación profesional del personal judicial y de los jueces, el fomento de los derechos humanos y la perspectiva de género en la aplicación de la justicia, la instalación del andamiaje de los tribunales de adicciones y tribunales laborales, el uso de tecnología digital para dar una mejor atención a los ciudadanos durante y después de la contingencia por el Covid-19, entre tantos otros puntos, son sin duda acciones que le han dado un nuevo rostro al Poder Judicial después de un periodo aciago y opaco.

Es claro que también existen grandes pendientes y deudas con los ciudadanos que exigen una actuación más dura de los jueces contra los delincuentes para que, desde el ámbito del Poder Judicial también se coadyuve a la disminución de la inseguridad, aunque esto es mucho más complejo de lo que parece debido a las limitaciones y procedimientos tan rígidos que imponen las propias leyes.

Esto provoca que en todo el país exista una altísima tasa de impunidad con una media nacional del 94 por ciento; en Quintana Roo, es del 97 por ciento.

Sin embargo esa cifra es un poco engañosa en el caso de Quintana Roo, ya que al revisar el número de criminales sentenciados en los últimos tres años vemos que ha habido un crecimiento importante, de casi 70 por ciento más sentencias que en el 2016; a la vez ha crecido también el número de juicios significativamente, lo que deja inamovible el porcentaje porque este crecimiento, reflejo de que los ciudadanos acuden cada vez más a los tribunales estatales, no se considera en la cifra fría.

El desafío de combatir la impunidad es enorme y requiere de un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno, legisladores, fiscalías y tribunales para dar una solución real a esta demanda de la población.

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