Chetumal, 9 de octubre
Anwar Moguel
Este miércoles la polémica senadora Marybel Villegas Canché visitó las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, donde informó que en las próximas horas estaría presentando una denuncia penal contra el ex presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, por el desvío de unos 100 millones de pesos por concepto de “ayudas sociales” que, dijo, nunca se entregaron a los ciudadanos, a lo que el diputado Martínez Arcila respondió que estos actos de Marybel solo son con el fin de atraer reflectores de cara a sus aspiraciones políticas, asegurando que el tema está aclarado y en dado caso serán más de 30 ex diputados los que tendría que denunciar la senadora.
“Ella está en su lógica de a través de sus declaraciones tratar de atraer reflectores permanentemente, hoy para ella yo soy el villano, ayer el gobernador, pasado será otro actor político”, manifestó el diputado.
El legislador, que actualmente preside la bancada del PAN, afirmó que las finanzas y procedimientos con que se manejó la pasada Legislatura están en claro, con las cuentas públicas aprobadas.
“Respeto los comentarios de la senadora, más sin embargo no tienen sustento alguno”, reiteró.
Martínez Arcila explicó que el concepto de “ayudas sociales” aplica para para cada uno de los 25 diputados que conforman la legislatura y también a los diputados suplentes que asumieron los cargos por cualquier motivo, rechazando que la figura que encabezó sea la responsable total del dinero destinado para apoyos.
“Las ayudas sociales que fueron ratificadas en esta legislatura, que así venían desde las anteriores legislaturas, es algo que les compete a cada uno de los diputados y cada uno de ellos es responsable del ejercicio que haga con este rubro. El presidente del Congreso en su momento o los integrantes de la Junta de Gobierno ahora, no pueden ser responsables de actos propios de los diputados”, añadió.
Invitó a la senadora a que presente las pruebas de sus dichos ante la autoridad competente y sea esta quien aplique en su caso las sanciones que correspondan.
Cabe señalar que expertos en derecho consultados acerca del tema comentaron que por ser recursos públicos, los únicos entes facultados para presentar alguna denuncia o iniciar algún procedimiento son la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción del estado.
