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IQJ: Nido de corrupción en el “gobierno del cambio”

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Chetumal, 31 de julio
Ángel Solís

A punto de cumplirse tres años de la promesa de un cambio en la forma de hacer política, en el que no habría cabida para excesos, abusos y corrupción por parte de los funcionarios que formaran parte del actual gobierno joaquinista, tal parece que ese mensaje no le llegó al voraz director del Instituto Quintanarroense de la Juventud, Fernando Méndez Santiago, quien ha contratado o creado un par de empresas fantasmales que se encargan de abastecer alimentos y otros productos al Albergue Estudiantil a las cuales, tan solo de marzo a septiembre, el organismo a su cargo ha pagado más de dos millones de pesos.

El hedor a corrupción al puro estilo borgista se percibe tan solo en estos dos contratos firmados desde el 15 de marzo y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 por el titular del IQJ con dos proveedores bajo el régimen de personas físicas, una de los cuales es una jovencita de apenas 19 años la cual se adjudicó un contrato de más de un millón de pesos por nueve meses de proveeduría.

Las irregularidades empiezan al revisar los domicilios fiscales de estas dos “empresas” que abastecen insumos como abarrotes, verduras, lácteos, huevos, carnes y productos varios para el consumo, ya que uno ya no existe y el otro está ubicado en un pequeño local que lo único que lo identifica es un pedazo de lona en mal estado.

 Por si fuera poco, ambos negocios se dieron de alta en el padrón de proveedores del gobierno el pasado mes de marzo, los días 9 y 12 específicamente, para posteriormente firmar sus contratos millonarios el día 15 del mismo mes. Cabe señalar que hay facturas que demuestran que estas empresas empezaron a proveer al IQJ desde el mes de enero, a pesar de que no estaban registradas en el Padrón de Proveedores.

En este negociazo con recursos públicos del estado, Méndez Santiago no está solo, ya que quien decide y opera esos manejos turbios es el director del albergue, Guillermo Gurrola Mendoza, quien presume a los cuatro vientos de una “total cercanía” con el mandatario estatal, Carlos Joaquín González, al grado de asegurarle a los trabajadores del Instituto que es el secretario privado del gobernador y realiza encomiendas directas que el gobernante le encarga. Por supuesto, nadie le cree el cuento.

Las empresas son “Abarrotes, Frutas y Verduras Las Gemelas”, representada por Victoria García de la Cruz con el RFC GACV990901638, con domicilio fiscal en la avenida 5 de mayo No. 96  de la colonia Centro de Chetumal, aunque la empresa no está ubicada en esa dirección, la que existe con este nombre lleva meses cerrado el establecimiento.

La otra es “Distribuidora Pat”, representada por Mario Isaías Pat Garrido con el RFC PAGM710701UG4, con el domicilio fiscal en la avenida Belice No. 282, en la colonia David Gustavo Gutiérrez Ruiz, la cual es un pequeño local comercial que tan solo es distinguido por una lona de vinil colocada de manera provisional para cumplir con el requisito.

Estos afortunados proveedores se adjudicaron los contratos IQJ/DG/J/007/2019 y IQJ/DG/J/006/2019, ambos firmados el día 15 de marzo, apenas unos días después de darse de alta en el Padrón de Proveedores, por 1 millón 16 mil 372 pesos con 43 centavos y 1 millón 14 mil 113 pesos con 43 centavos respectivamente, montos que serán cubiertos antes de que concluya este año.

Sin embargo, según registros del Sistema de Administración Tributaria (SAT) dichas empresas empezaron a operar con el IQJ desde el mes de enero, ya que se cuenta con información de facturas que fueron canceladas, debido a que su alta y posterior contrato se llevó a cabo hasta el mes de marzo.

Aprovechándose de la necesidad de decenas de humildes jóvenes estudiantes, este par de funcionarios menores han encontrado en el Instituto de la Juventud la manera de enriquecerse en un sexenio, aunque el albergue estudiantil no aprueba la revisión más simple.

El edificio principal que es ocupado por los varones, está a punto de derrumbarse y data desde el gobierno de Mario Villanueva Madrid, pese a los millones de pesos que el gobierno destina para su mantenimiento. En este gobierno no se le ha hecho nada; las colchonetas, sábanas y demás enseres con los que cuenta son regalados por hoteles y centros de hospedaje de esta ciudad, e incluso los trastes donde comen los estudiantes tienen que ser llevados y lavados por ellos mismos, ya que se pretexta falta de recursos.

Según las cifras que maneja el IQJ se ofrecen mensualmente cinco mil alimentos, divididos en tres comidas diarias para un centenar de estudiantes provenientes de diversas comunidades del sur del estado, los cuales cursan estudios de nivel bachillerato y superior, cifra que no concuerda con la realidad, ya que tan solo se sirven alimentos de lunes a jueves y los viernes realizan una suerte de “bufete” que consiste en el recalentado de todas las comidas de la semana, al cual solo acuden a lo mucho entre 40 o 50 estudiantes, como lo afirman varios de los albergados.

Además acusan que el director del albergue, Guillermo Gurrola, usa el albergue para surtir su lista de súpermercado, pues muchos productos (los de mejor calidad) que entran solo sirven para tomar la foto de la comprobación del recurso y al día siguiente son retirados por este sujeto.

Pese a ser un organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) que encabeza Rocío Moreno Mendoza, ni ella, ni la Contraloría del Estado y tal parece que tampoco la Auditoría Superior estatal, se han dado a la tarea de vigilar a este par de jovencitos ambiciosos que usan la alimentación y albergue de jóvenes de escasos recursos para enriquecerse de manera bestial, no bastando sus ingresos por concepto de sueldos que prácticamente igualan al que percibe el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

Esto es solo una pequeña muestra del desvió de recursos y la falta de compromiso que tienen algunos funcionarios hacia el gobernador el estado, los cuales no conforme con los insultantes sueldos que perciben, se han convertido en sus mismo proveedores, instalando empresas en Quintana Roo y en el estado de Yucatán para poder facturar a las dependencias y organismos del gobierno estatal.

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