Chetumal, 6 de febrero
Anwar Moguel
Al presentar un informe detallado de las denuncias y procesos que se siguen contra exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso local, el Auditor Superior del Estado, Manuel Palacios Herrera, manifestó que el monto actualizado del quebranto financiero de la administración pasada fue por 13 mil 600 millones de pesos, por los cuales se interpusieron 38 denuncias penales contra 97 ex servidores públicos.
“Aumentó el número de funcionarios denunciados y de igual manera aumentaron los montos que se fiscalizaron y se incluyeron en las demandas, y también el número de demandas contra ex funcionarios”, señaló.
Precisó que el monto actualizado del dinero con destino incierto en los ejercicios fiscales 2015 y 2016 es por un total de 13 mil 600 millones del erario, siendo la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpe) la más afectada con un desvió aproximado de 5 mil 800 millones de pesos; la gran mayoría de estos recursos fueron otorgados en supuestos apoyos a campesinos que nunca llegaron a sus beneficiarios.
Sobre la recuperación de estos recursos, indicó que su trabajo fue realizar las auditorías correspondientes y presentar las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado y será esta quien proceda contra los denunciados en busca de recuperar el dinero o comprobar que efectivamente los recursos fueron aplicados en ese gobierno.
“Ya presentamos el total de la cifra final de los recursos auditados, son 38 las denuncias respectivas, ya el trabajo de judicialización le corresponde a otra instancia, ya no le corresponde a la Auditoría, lo que sí estamos haciendo de acuerdo a la ley es la coadyuvancia al respecto de conceptos técnicos que nos soliciten las instancias de judicialización”, mencionó.
Cuestionado al respecto, Palacios Herrera se reservó su opinión en cuanto a los resultados que ha tenido la Fiscalía General del Estado en los procesos contra los ex servidores públicos, muchos de los cuales ya se encuentran en libertad tras haber prescrito los delitos que se les imputaban o simplemente no se les pudo comprobar su culpabilidad en los hechos.
“Nosotros emitimos en tiempo y forma el trabajo realizado con todo el rigor técnico que marca la ley, el resultado que pueda tener esa institución que mencionas, no me compete”, concluyó.
