Chetumal, 26 de febrero
Anwar Moguel
La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con graves rezagos en diversos rubros con 114 mil carpetas de investigación pendientes de resolver, con expedientes pendientes desde el año 2000, por lo que el Fiscal del estado, Óscar Montes de Oca Rosales, indicó que para abatirlo ha solicitado un presupuesto de unos 400 millones de pesos para la contratación de 150 personas para ocupar cargos de peritos, ministerios públicos y policías ministeriales.
“En el 2019 no hay rezago, pero hay que atender lo de los años pasados, cada expediente representa una víctima que exige que se procure justicia, vamos a abatir este rezago, pero es necesario que los diputados nos aprueben las 150 plazas para contratar mediante convocatoria abierta, tenemos carpetas desde el año 2000 al 2018”, informó.
El funcionario aseguró que solamente 30 funcionarios que ocupan puestos de mandos medios y directivos fueron nombrados de manera directa por él, los cuales cuentan con un sueldo de entre 20 a 50 mil pesos quincenales, salario que recibe el personal de esa institución con los mismos niveles de estas personas.
Al comparecer ante los diputados de la XVI Legislatura para rendir su informe de actividades, el ex subprocurador de Justicia en el estado de México, reiteró que es necesaria la aprobación de más recursos para el organismo, ya que el personal con el que cuentan no es suficiente, además que el 80 por ciento del presupuesto del presente año se destinará al pago de la nómina.
“La razón por la cual nosotros solicitamos ese aumento al presupuesto es precisamente para atender algo que nos preocupa y ocupa demasiado, esos 114 mil expedientes, que están en rezago”, dijo.
Cabe mencionar que esta comparecencia fue ante la comisión de Justicia que preside la diputada panista Roxana Lily Campos Miranda, siendo la primera vez que el informe del Fiscal General del Estado se realiza en el pleno del Poder Legislativo, por lo que cada fracción parlamentaria designó a un representante para hacer cuestionamientos al funcionario estatal con un límite de cinco minutos para su intervención.