Chetumal, 11 de diciembre
Anwar Moguel
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), Antonio León Ruiz, manifestó que a nivel federal ya existe una propuesta presentada por la ex senadora y hoy Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para implementar el haber de retiro no solo para magistrados, sino también para los jueces, mientras que a nivel local el diputado Jesús Zetina Tejero propuso eliminar la pensión vitalicia para los magistrados establecida desde el año 2013.
“La iniciativa de eliminación del haber de retiro ya tiene tiempo, este año se volvió a presentar, donde no desaparece el haber, sino que le dan otro significado; te comento que el mes de septiembre la ex ministra Olga Sánchez Cordero junto con Martí Batres y otros senadores presentaron una iniciativa de reforma al artículo 116 de la Constitución, donde establecen nuevas garantías judiciales, entre ellas está el establecimiento del haber del retiro para magistrados y también para jueces”, abundó.
Indicó que una vez que se apruebe esa reforma, lo cual consideró como un hecho por el peso que tiene en el actual gobierno federal la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, se establecerán las reglas a nivel local para otorgar el haber de retiro a los jueces.
“Algunos estados a través de sus poderes judiciales tienen establecida la pensión, como Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, el Estado de México tiene una variable, esto no solo existe en Quintana Roo, el haber de retiro se determinará por la reforma constitucional”, explicó.
Mencionó que en cuestión de sueldos, el Poder Judicial de Quintana Roo se encuentra por debajo de la media nacional, ya que los jueces en promedio ganan 60 mil pesos, mientras que en el estado perciben unos 45 mil pesos, y en el caso de los magistrados el sueldo promedio a nivel nacional ronda los 120 mil pesos mensuales, mientras que aquí ganan 93 mil pesos.
Por último, León Ruiz señaló que ya fue presentado al Poder Legislativo el presupuesto 2019 del TSJ, por un monto 932 millones de pesos, en el que se está dando prioridad a la infraestructura de las oficinas judiciales, el combate al rezago penal dotando de equipo y personal a los juzgados, la contratación de jueces en la oralidad familiar y también la puesta en funcionamiento de los centros de convivencia familiar supervisada en los diversos municipios del estado.