Chetumal, 21 de mayo
Anwar Moguel
El presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, informó que existe ya una iniciativa para modificar la Ley de Notariado del estado, cuya última reforma data del año 2010, por lo que urge realizarle cambios que transparenten la asignación de Notarías Públicas y evitar que sean repartidas como parte del botín a familiares y amigos de los funcionarios salientes, como era costumbre.
“Esta nueva ley establecerá principios de certeza, transparencia y objetividad para eliminar usos y costumbres de los gobiernos que cada fin de sexenio se dedicaban a repartir patentes de notariado de manera arbitraria”, aseguró.
El legislador destacó que se establecerán parámetros de número de habitantes en los municipios donde se vayan a establecer, siendo la propuesta de una por cada 15 mil habitantes, y la asignación sería a través de un jurado imparcial, donde participen como miembros del jurado jueces y magistrados del Poder Judicial del estado.
Asimismo indicó que se prohibirá la entrega de patentes a servidores públicos, evitando el pago de favores y compromisos políticos.
“Un punto a resaltar es el pago de fianzas que tendrán que realizar estas personas, que actualmente ronda los 80 mil pesos, la cual pasaría a un millón setecientos mil pesos ante cualquier controversia que interponga cualquier ciudadano contra notario público alguno”, añadió.
Señaló que el objetivo es que quien llegue a ser notario, llegue por medio de un proceso transparente, a través de un procedimiento objetivo y profesional y así evitar el tráfico de influencias o pago de favores políticos.
Cabe señalar que a la fecha, en el directorio de la Dirección General de Notarías de la Secretaría General de Gobierno aparecen 124 notarías públicas registradas en el estado, de las cuales tres se encuentran en procedimiento judicial y pendiente de aprobación (99 y 106) ya que fueron entregadas al final de la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo.