Tiro Libre | Anwar Moguel
Un contundente mensaje fue enviado por el próximo gobierno federal que encabezará a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador contra los ex funcionarios que saquearon al estado, muchos de los cuales permanecen aún cubiertos bajo el vergonzoso manto de impunidad.
Y es que en reciente visita a Quintana Roo el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto Castillo, dejó en evidencia que hay pleno entendimiento en el objetivo mutuo de la federación y el estado de atacar la corrupción de raíz, abriendo el camino para fortalecer el Sistema Anticorrupción local y brindar más autonomía y capacidad de acción a la Fiscalía estatal para castigar a los malos servidores públicos.
Nieto Castillo adelantó que habrá una alianza entre la federación y los estados para mejorar el modelo de combate a la corrupción con dos principales acciones, por una lado la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP pasará a formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción, y al mismo tiempo buscarán que exista una mayor coordinación entre las fiscalías locales y la Auditoría Superior de la Federación para que haya un mayor flujo de información y se permita actuar con todo el peso de la ley contra los responsables de acto de corrupción.
Esta postura cobra especial relevancia en estos momentos, cuando la justicia federal aún peñanietista parece estar allanando el camino para una disminución de la pena al ex gobernador Roberto Borge, encarcelado actualmente en un penal de Morelos.
Santiago Nieto afirmó, en concordancia con la postura del gobierno estatal, que a partir del 1 de diciembre se lanzará una cruzada de cero tolerancia contra la corrupción que permita llevar a los tribunales a los responsables y se puedan recuperar los bienes que fueron objeto de la corrupción tanto a nivel federal como estatal y municipal.
De cumplirse, esta acción será fundamental para darle movimiento a las denuncias que pesan sobre 84 exfuncionarios y contribuir también con la prometida recuperación de recursos y terrenos perdidos realizada por el gobierno joaquinista, asunto que permanece con la etiqueta de pendiente.