Chetumal, 14 de agosto
Por Esto!
Un juez federal adscrito a Cancún negó un amparo a la exdirectora general del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Claudia R.V., quien desde el pasado mes de mayo fue declarada prófuga de la justicia por la Fiscalía General del Estado.
Claudia R.V., excolaboradora del gobierno de Roberto Borge Angulo, había promovido un amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún el pasado 25 de julio de 2017, con el número de expediente 1433/2017, el cual le fue negado este día.
La exfuncionaria solicitaba la protección de la justicia federal en contra de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión dictada en su contra por el juez de Control y de Juicio Oral del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, por su probable participación en la comisión del hecho constitutivo del delito de peculado.
Los hechos por los cuales se emitió el mandamiento de captura se encuentran vinculados con la enajenación de múltiples inmuebles de dominio del estado, a favor de terceros, sin que en los contratos de compraventa se indicará cuál sería el beneficio que alcanzaría la colectividad con la enajenación, como lo establece el artículo 27, fracción V, de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo; aunado a que las operaciones se realizaron a un precio menor al valor comercial de los lotes, lo que causó una afectación en el patrimonio del estado.
En la sentencia de amparo, el juez de Distrito consideró que la orden de aprehensión no vulneró el derecho humano de defensa adecuada y cumple con los requisitos descritos en los artículos 16, párrafos primero y tercero, de la Constitución, 141 y 142 Código Nacional de Procedimientos Penales.
Antes, en el mes de mayo, había quedado sin efectos otro amparo que Claudia R.V. había tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, por lo que la Fiscalía General del Estado entonces emitió un llamado a la cooperación de los ciudadanos para ubicar a la funcionaria, de la cual se desconoce su paradero.
En contraste, sobre el mismo caso, cabe recordar que el pasado 18 de julio, la antecesora de Claudia R.V. en el cargo, Gina Patricia Ortiz Blanco, quedó libre de cargos semejantes por orden de un juez federal adscrito a Chetumal, por estar prescrita la acción penal en su contra.
Ortiz Blanco había sido imputada por la Fiscalía General del Estado del delito de peculado, con la acusación de que había participado en la venta irregular de inmuebles propiedad del gobierno del estado, y en el mes de mayo compareció amparada ante el Juzgado Penal Oral para solicitar al juez que fijara fecha y hora para la audiencia inicial del proceso penal que enfrentaba por el delito de peculado.
En su momento, la exfuncionaria compareció nuevamente ante el Juzgado Penal Oral a rendir su declaración con relación a los hechos; sin embargo, prefirió reservar el derecho de declarar, al señalar que estaba prescrita la acción penal del ilícito que le imputaba la Fiscalía General del Estado.
El juez de control le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado, pero la exdirectora del IPAE siempre quedó en libertad al depositar una fianza de 200 mil pesos, e ir a firmar cada 15 días en el juzgado.
Al final, el pasado 18 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad concedió el amparo a favor de Gina Patricia Ortiz Blanco, en el cual ordenó al juez de control deje insubsistente la vinculación dictada a la exfuncionaria y dicte un auto de no vinculación a proceso, por estar prescrita la acción penal.
El código penal establece que la responsabilidad por ese delito prescribe a los cinco años seis meses, y ya habían pasado siete años de que Ortiz Blanco había dejado el cargo.
