Tiro Libre
Anwar Moguel
No hay duda alguna: el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se ha convertido en una crisis sin precedente para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, capitalizada por un sector de la izquierda acostumbrado a aprovechar el dolor para llevar agua a su molino, una acción a todas luces reprobable desde el punto de vista ético, aunque en política, como en la guerra y en el amor, todo se vale.
Estoy convencido que las reacciones de indignación y solidaridad de estudiantes y ciudadanos tanto del país como del extranjero para las familias de los normalistas presuntamente asesinados y cremados fueron completamente genuinas, ya que nacieron de la desesperación de un pueblo que día con día se siente más oprimido por las autoridades gubernamentales de todos los niveles y sin distingo de partidos.
Porque el caso Ayotzinapa arrastra consigo al PRD, al recién nacido Morena y al PRI, ya que de una u otra manera todos tuvieron su grado de participación en esta tragedia estudiantil, un nuevo negro hito en la historia de México solo superado por la matanza de Tlatelolco en 1968.
El presidente Enrique Peña Nieto, entre la espada y la pared de la opinión pública se ha defendido aduciendo supuestas fuerzas “desestabilizadoras”, y distintas autoridades federales, incluyendo un alto mando militar, han señalado que el movimiento de los padres de familia y de los estudiantes de Ayotzinapa está manipulado por intereses políticos.
Pues sí, resultó que tales afirmaciones de manipulación externa resultaron ciertas, porque hoy no se puede negar que existe financiamiento y respaldo logístico detrás de los normalistas que, al puro estilo de la Coordinadora (CNTE) andan de gira por algunos estados realizando conferencias, encuentros estudiantiles y protestas masivas.
Como ciudadano, me siento defraudado por el gobierno. Me siento asqueado al saber que vivo en un país donde 43 jóvenes pueden ser desaparecidos, asesinados cobardemente por policías que responden al mando de un gobernante electo en las urnas. Me indigna en sobremanera la triste actuación de los tres niveles de gobierno en el caso Ayotzinapa y no puedo ni intentar entender la furia e impotencia de los padres, familiares y amigos de estos estudiantes.
Pero de igual manera me ofende que ciertos personajes y grupos políticos vean en este caso una oportunidad de conseguir posicionamiento social, utilizando como escalón las lágrimas de 43 familias para ponerse la banda de “luchadores sociales” cuando no son más que vulgares mercaderes de la tragedia.
Desde este viernes tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapa están en Quintana Roo. Durante el fin de semana realizaron distintos eventos en Cancún y para este domingo tienen preparada una marcha de protesta. El lunes estarán en Bacalar visitando la Normal de esa comunidad y más tarde en Chetumal, donde realizarán otra protesta.
Los jóvenes aseguran que la visita al estado tiene como propósito “vincular la lucha social y persistir en la denuncia de que la desaparición de los 43 estudiantes es un crimen de Estado”.
¿Quién financió el viaje de estos jóvenes? ¿Quién preparó los eventos, encuentros y conferencias? Pues de entrada, el que funge como vocero y coordinador de la gira es el líder estatal de la Coordinadora Nacional de Padres, Madres y Tutores en Defensa de la Nación, José Alberto Pech Tzec.
Y sí, José Alberto es un político poco destacado que fue primer regidor suplente en la planilla del ex presidente municipal perredista Julián Ricalde Magaña y actualmente simpatizante del partido Morena.
Comulgo con las protestas estudiantiles y con los movimientos sociales siempre que sean genuinos, cuando nacen espontáneamente desde el pueblo, pero considero que los movimientos sociales pierden fuerza y credibilidad cuando hay otras manos que mecen la cuna.
Pero en fin, así de sucia es la política en México y en Quintana Roo donde incluso las tragedias son vistas como “oportunidades”.
Desde las aulas…
En una alianza que puede dar grandes frutos, el titular de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de Quintana Roo (Copsiqroo) dirigido por Alejandro Baeza Ruiz.
La intención de este acuerdo es brindar asesoría y apoyo psicológico a preescolares, primarias y secundarias públicas, para contribuir al mejoramiento emocional del alumnado y para garantizar ambientes educativos más armónicos.
Y es que la atención psicológica es uno de los grandes pendientes en la educación, pues aunque algunas escuelas –sobre todo primarias- cuentan con apoyo de los equipos de USAER que disponen de terapistas y psicólogos, la cobertura aún es muy limitada.
Con la firma de este convenio se abre la posibilidad para que los profesionales de la psicología coadyuven al mejoramiento de la atención en los centros escolares, diseñando estrategias claras para apoyar tanto de manera directa al alumnado, como con asesorías al profesorado.
Un acierto de José Alberto Alonso y del dinámico psicólogo Alejandro Baeza, cuya labor ahora será la de cuidar la semilla sembrada para que se traduzca en resultados.