Tiro Libre
Anwar Moguel
El sacudón económico que la pandemia del Covid-19 está pegando a los Estados de la República y la generalizada opinión de los gobernadores de que la federación no está apoyando lo suficiente para superar esta crisis de buena manera, ha colocado en el centro del debate el actual Pacto Fiscal, con los estados que más ingresos producen pidiendo una distribución de recursos más justa, acorde a la dinámica económica de cada entidad.
Y es que mientras entidades como Nuevo León, Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México en conjunto aportaron el año pasado poco más del 40 por ciento del PIB Nacional, otros estados, como Tabasco, Chiapas y Campeche, aparecen con números negativos, aunque al momento del reparto de participaciones esto poco se toma en cuenta; lo que vale es la población y el peso electoral de cada entidad.
No extraña pues, que sean justo los estados norteños como Nuevo León, Jalisco y Chihuahua quienes comanden ahora una ofensiva para obligar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a replantear el cuestionado pacto fiscal, con el argumento de que sus estados dan mucho más a la federación de lo que reciben.
La virulencia del debate por el pacto fiscal ha empezado a mostrar tonos de franca rebelión por parte de los gobernadores de esos estados, quienes ya amenazaron -con poco fundamento legal- que se saldrán del pacto si no son escuchados.
Mucho más prudente ha sido la postura del gobernador Carlos Joaquín González, quien también ya le entró al tema pero con un enfoque diferente: pidiendo al gobierno federal que suelte algunos sectores de recaudación que están en el olvido para que sean fiscalizados y administrados por estados y municipios.
Esta postura la explicó con claridad en un pequeño video, publicado en las redes sociales por el diputado José Luis “Chanito” Toledo y que fue parte de una reunión que sostuvieron ayer los legisladores locales con el gobernador a través de medios virtuales, como lo amerita la actual contingencia.
Carlos Joaquín explicó que hay un 80 por ciento de recursos que no son fiscalizados por la Secretaría de Hacienda, impuestos que ya existen pero que son poco “aportadores” de recursos, que en el caso de ser cedidos a estados y municipios podrían hacerse cargo con mucha mayor eficiencia.
Puso como ejemplo el caso del Zofemat (Zona Federal Marítimo Terrestre), que mientras estuvo en manos de la federación aportaba cero pesos, y en cuanto pasó a los municipios aporta más de 250 millones, tan solo en Benito Juárez y Solidaridad.
Con la propuesta del gobernador quintanarroense la Hacienda federal no sufriría ninguna pérdida, mientras que los ingresos propios de entidades y municipios se fortalecerían. Un ganar-ganar para todas las partes.
Esperemos que con el debate actual, se logre que esta propuesta aterrice para bien de Quintana Roo.