Chetumal, 30 de octubre
Anwar Moguel
El diputado local experredista, Emiliano Ramos Hernández, aseguró que el amparo concedido por un juez federal al ex gobernador Roberto Borge Angulo por el delito de lavado de dinero debido a que la vinculación a proceso realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) no satisfizo la debida fundamentación y motivación, no implica para nada que obtenga su libertad, por el contrario, anticipó que se buscará que la Fiscalía del Estado promueva su traslado a Quintana Roo para que sea juzgado por otra serie de delitos de índole local.
“Este recurso no lo pone en libertad si no establece que se reponga el procedimiento con respecto a la vinculación que tiene por concepto de afectaciones de mil 900 millones de pesos por la venta irregular de predios que realizó el IPAE”, manifestó el legislador.
Ramos Hernández, quien preside la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en la actual Legislatura, lamentó que la PGR no haya integrado de manera correcta los expedientes con los cuales presentaron las denuncias, en este caso por lavado de dinero
“Sería un agravio para los quintanarroenses si el ex gobernador Roberto “N” quedara en libertad por una falta al debido proceso por parte de algún juez federal o de la propia PGR, eso sería tomado como una burla por parte del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto”, sentenció.
Calificándose a sí mismo como un “perseguido por el gobierno borgista”, señaló que tal parece que las aprehensiones de los ex gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge fueron “detenciones realizadas para acallar a la opinión pública de cara a una elección y antes de irse pretenden colaborar con omisiones para que sean liberados o tengan condenas mínimas”.
Agregó que pese a las resoluciones que lleven a cabo las autoridades federales, el ex gobernador tiene una serie de denuncias a nivel local presentadas por Gestión Pública (Contraloría Estatal) por parte del Ejecutivo, como la Auditoría Superior del Estado por parte del Legislativo, por daños al erario público por más de 13 mil millones de pesos entre 2015 y 2016 contra 84 ex funcionarios entre los que encuentra el ex mandatario.