La Jiribilla | Jorge González Durán
Quequi
El tema de las plataformas digitales de transporte público es si deben actuar con reglas o al capricho de una empresa fantasma como es el caso de Uber y similares.
Se imponen reglas para su operación o se prefiere la ley de la selva. No hay de otra.
Y no es sólo por el tema, ya de por sí delicado, de la seguridad. Es por la prevalencia del estado de derecho que tiene en nuestro país, ciertamente, muchas grietas, pero que se debe fortalecer.
A raíz de la aprobación de las reformas a la Ley de Movilidad algunas voces se han levantado proclamando que se le cierran las puertas a Uber. Nada más falso. Esas interpretaciones son producto de una apresurada lectura o de la mala fe, y solo abonan a la confusión. Las reformas a la Ley de Movilidad, aprobadas por el Congreso del estado no prohíben la entrada de las plataformas digitales en materia de transporte. Sólo les fija reglas claras para su operación. Deberán de funcionar mediante una concesión que otorgará el Instituto de Movilidad que está en vías de ser constituido.
Pero ante este simple y elemental requisito, que es lo menos que puede pedir un gobierno que se respete, ha despertado que algunas voces iracundas propalen que se canceló la posibilidad de que Uber y otras plataformas digitales de transporte funcionen en Quintana Roo.
Al contrario, se le abren las puertas a la competencia sana y leal. A lo que si se le cierran las puertas es a la ley de la selva y a la soberbia. El representante de Uber en nuestro país acudió al Congreso a entrevistarse con los legisladores para conocer los pormenores de las reformas aprobadas. Pero desdeñó la posibilidad de acudir a las oficinas de la secretaría de Gobierno cuyos funcionarios estaban abiertos al diálogo, fundamentalmente sobre la constitución del Instituto de Movilidad.<br /> Acostumbrados a pasar sobre gobiernos legalmente constituidos, los de Uber se victimizan para concitar las simpatías de una población que ciertamente necesita y reclama un mejor servicio público de transporte.
Uber no brinda un servicio seguro. La Profeco multó ayer a Uber, Easy Taxi y a Cabify, por “publicidad engañosa”. Resulta que ofertan un servicio seguro de transporte, pero en sus contratos con sus operadores establecen condiciones que los deslindan de cualquier responsabilidad legal.
Es por ello que rechazan el requisito de un concesión para funcionar en su calidad de servicio público. Ley o anarquía, es el dilema.
