Chetumal, 14 de noviembre
Anwar Moguel
Encabezados por su representante, José Julio Azcorra Rejón, caleseros de Cozumel acudieron al Congreso del Estado para conocer la postura de los diputados respecto a la Ley de Protección y Bienestar Animal, la cual supuestamente prohibiría esta actividad que realizan desde hace 25 años en ese municipio.
“Hasta el momento estamos trabajando normalmente como lo hemos hecho durante 25 años, cumpliendo con los certificados de los 19 equinos, tarjetones de los caleseros, seguros a terceros, estamos al corriente y cumpliendo con lo que marca la ley”, manifestaron.
Esto, gracias a que la ley todavía no está vigente, pero señalaron que buscan un acercamiento con los diputados locales para conocer la postura de esta legislatura y el posible apoyo que puedan tener de su parte para seguir prestando el servicio.
“No sabemos qué postura tienen, venimos a verlos para saber que se piensa hacer al respecto, pero no solo nosotros estamos en la incertidumbre, también están los galleros, la gente a caballo y los de tauromaquia”, abundó el representante.
Azcorra Rejón mencionó que ya analizan alternativas ante una posible negativa, como lo son las calesas eléctricas, pero esto requiere de muchos recursos económicos que por la situación que atraviesa el país y el estado son complicados de conseguir.
“Las calesas eléctricas están consideradas como una posibilidad, sin embargo, el inconveniente es que cada una tiene un costo promedio de 500 mil pesos, es mucha la inversión a comparación de lo que se gana, no podrías recuperar en corto tiempo tu inversión, requieres del apoyo del gobierno, en Yucatán el gobierno realizó el financiamiento, en Quintana Roo no creo que estén en condiciones de apoyarlos”, explicó.
Pidió que esta legislatura realice modificaciones a la polémica ley y quite las prohibiciones, ya que cancela toda actividad donde se involucren animales, como carreras de caballos, calesas, corridas de toros, peleas de gallos, entre otras, asegurando que tan solo en Cozumel serían tres mil las familias afectadas si se mantiene como se propuso originalmente.
