Chetumal, 2 de diciembre
Anwar Moguel
El Ayuntamiento capitalino que encabeza Otoniel Segovia Martínez tiene un plazo de dos meses para sanear el tiradero a cielo abierto de Chetumal y cuatro meses para el cierre definitivo del lugar debido a un fallo del Juzgado VI de Distrito, que además de estas acciones advirtió que, en caso de no cumplir con los plazos establecidos, el alcalde y otros funcionarios podrían ser destituidos del cargo e incluso enfrentar cargos penales por desacato.
En conferencia de prensa, el abogado chetumaleño Héctor Pérez Rivero, quien promovió en abril de este año un amparo para garantizar el derecho a un ambiente saludable de niñas y niños que viven en las colonias cercanas a este basurero municipal, explicó que la fauna nociva que se reproduce en el lugar y los escurrimientos de lixiviados hacia el suelo han afectado a una gran cantidad de habitantes de la periferia de la ciudad, pero sobre todo a los menores con infecciones respiratorias y dermatológicas, por lo que el juez federal ordenó su limpieza y posterior cierre de manera definitiva.
“Este amparo que se obtuvo de manera colectiva es a beneficio de todos los habitantes de Othón P. Blanco, el Ayuntamiento tiene que ponerse las pilas y atender los problemas de salud que representa este basurero para cientos de niños que viven a unos metros de ese lugar”, apuntó.
Mencionó que las colonias Las Américas III y Fraccionamiento Caribe IV etapa se ubican a unos 500 metros de distancia del basurero, por lo cual el juez le concedió un plazo de dos meses al municipio capitalino para que realice un saneamiento del lugar y aproximadamente hasta finales del mes de marzo del próximo año para que se cierre de manera definitiva, haciendo la observación que de no cumplir las autoridades, la ley establece la destitución del presidente municipal y del responsable de la dirección de Servicios Públicos Municipales.
Pérez Rivero reconoció que al Ayuntamiento podrá recurrir a un recurso de revisión de la sentencia, pero solamente podrá ganar tiempo, ya que el tribunal colegiado tendría cinco meses para resolver su petición, aunque consideró que esto no provocaría algún cambio de la resolución de amparo 306/2019 de fecha 28 de noviembre obtenida a su favor.
