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Opinión

Tráfico de armas y recortes le pegan a Quintana Roo

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Tiro Libre | Anwar Moguel

En reciente entrevista, el Coronel del 64º Batallón de Infantería, Juan Ramón Corona Valencia, vertió datos seriamente preocupantes al inaugurar la campaña de canje de armas por dinero que año con año realiza el Ejército en Cancún.

Allí, el militar habló sobre una realidad que está fortaleciendo a los grupos delincuenciales dejando en desventaja a las corporaciones policiacas: el masivo tráfico de armas.

“Debe ser fácil conseguirlas pues ya mucha gente tiene armas de fuego”, declaró el Coronel en ese evento cuyo propósito es, justamente, desarmar a la población a cambio de un incentivo económico.

Y sí, en México, país donde las regulaciones para adquirir armas de manera legal son de las más duras del mundo, obtener armas de alto calibre en el mercado negro es tan sencillo como ir a comprar dulces al Oxxo.

Según datos del Center for American Progress en su estudio Beyond Our Borders, se ha encontrado que cada año entran al país de manera ilegal unas 213 mil armas provenientes de Estados Unidos; mas aún, el titular de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo, aseguró que son alrededor de mil armas diarias las que se “cuelan” por la frontera, es decir, unas 365 mil por año.

La mayoría de estas armas, entre las que se incluyen rifles de asalto y equipo de más poder y más sofisticado que el utilizado por nuestras policías y militares, llegan a manos de los poderosos grupos delincuenciales que las distribuyen en las “plazas” que controlan, sembrando terror y muerte.

Las autoridades federales han sido incapaces de contener el ingreso de armamento a territorio mexicano, porque de hecho hay claras evidencias de colusión, principalmente en las aduanas de la frontera norte.

A Quintana Roo ha llegado mucha de esa artillería ilegal a manos de los sicarios, mientras que, en contraste, los cuerpos policiacos sufrieron severos recortes de dinero federal con una reducción real del 12.4 por ciento en comparación a lo aprobado en 2018.

Ocho de once municipios del estado fueron excluidos del Fortaseg, a pesar de la escalada general de la violencia en esta entidad que, como si no importara, aporta la mayor cantidad de divisas que ingresan por turismo al país.

El resultado es que los policías estatales y municipales pelean una guerra con serias desventajas ante el abandono federal, que no solo se refleja en el presupuesto, sino también en la clara ausencia de elementos operativos.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Alberto Capella Ibarra, ha asegurado que en lo que va de 2019 la presencia de elementos federales se ha reducido en un 70 por ciento en Quintana Roo, pues se le ha dado prioridad a la pacificación de otras zonas rojas y al combate al “huachicoleo”.

La ciudad militar, creada ex profeso para albergar a 3 mil 500 elementos de la Policía Militar a finales del gobierno federal pasado, luce vacía, y los proyectos de abrir escuelas para los hijos de los efectivos al interior de la misma se han detenido en espera de conocer el proyecto de seguridad que desde el gobierno federal tengan para nuestro estado.

Pero mientras tanto, el abandono es notorio.

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