Chetumal, 25 de septiembre
Redacción
El Poder Judicial de Quintana Roo, brinda garantías para que en todos los casos se respete la ley, como fue el asunto de la eventual liberación de uno de los culpables de un triple homicidio contra una familia chetumaleña, pero que no se dio porque la Juez de Ejecución revisaría el caso y determinaría si se cumplen los requisitos, de tal manera que es un caso pendiente conforme a la ley, dejó en claro el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, José Antonio León Ruiz.
Lo anterior en el marco de su participación en el programa radiofónico Hora 95, conducido por el periodista Julian Santiesteban, en donde sostuvo que antes que nada, el Poder Judicial de Quintana Roo, atiende todo tipo de inconformidades sociales y legales toda vez que en el programa de impartición de justicia 2017-2022, se busca una justicia moderna, humana y más cercana con la sociedad.
Hizo notar que la independencia de los criterios que utilizan los jueces y magistrados está contemplada en la Constitución, pero que las resoluciones que emiten no son absolutas y están sujetas a revisión en el marco legal, de tal manera que en estricto apego a la ley, sus razonamientos pueden combatirse en otro ámbito pensando siempre en una mejor justicia para la ciudadanía.
Dejó en claro durante la entrevista que ofreció al aire en ese programa, que tanto jueces como magistrados, están impedidos por el Código Nacional para proporcionar información de algún caso en particular, toda vez que se incurre en irresponsabilidad y reiteró que conforme de la Constitución, Jueces y Magistrados gozan de independencia para dictar sus criterios, pero que los casos que resuelvan no son terminales, ya que finalmente existe una revisión de la autoridad federal.
Todas las resoluciones que se emiten en el Poder Judicial pasan por esa revisión ante un Juzgado de Distrito o ante un Tribunal Colegiado e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo un recurso que es a petición de parte, es decir, que necesariamente tiene que ser impugnado.
Se entiende la percepción negativa de la ciudadanía y el veredicto social que daba por hecho que se daría la libertad de quien en su tiempo fue acusado y sentenciado por homicidio y cuyo caso se reactivó cuando se pidió su pre-liberación y se revisó su sentencia, cosa que no ocurrió toda vez que estuvo pendiente la revisión de la Juez de Ejecución, y es quien determinaría si se reunían los requisitos.
En 2013 fueron sentenciados por homicidio calificado. Rómulo Alejandro Martínez (22 años) mató a Paula Cortés Gutiérrez (65 años), mientras Arturo Cortés Malpica asesinó también con arma de fuego a su esposo Luis Adolfo Arévalo Peña, de 69 años; permanecerían en prisión por 31 y 38 años. Roberto Enrique Arévalo Cortes –hijo del matrimonio y con 35 años edad– también fue asesinado en el rancho el Oasis.
Finalmente el Magistrado Presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, mencionó los resultados del programa de impartición de justicia 2017-2022 que se implementó desde que asumió la Presidencia del Poder Judicial en Quintana Roo, y destacó el abatimiento al rezago penal tradicional que, por citar un ejemplo, en un solo trimestre (febrero-noviembre) se superó el número de sentencias, 264, contra 261 del año 2016.
A la fecha, se han emitido 641 sentencias en materia penal tradicional, tal y como se dio a conocer en el Primer Informe de Actividades que se rindió el pasado mes de agosto, focalizándose en los distritos judiciales de Cancún y Solidaridad, toda vez que allí existía el mayor número de rezago.
