En Órbita | Marcelo Salinas
Duele insistir en torno al caso de “Gabriela N”, la niña de 5 años golpeada y violada en la colonia Libertad, de Cancún. Pero se impone no solo como interés periodístico, sino que ha impactado de tal manera que le dan seguimiento en escuelas, cafeterías, oficinas, hogares y espacios públicos.
Por supuesto que no es el primero. En este mismo espacio, en al menos tres opiniones, se alertó de una terrible realidad en el Estado, donde Cancún y Playa del Carmen con frecuencia encabezan la vergonzosa lista de las ciudades con más violaciones en el país, de acuerdo con estadísticas de organizaciones no gubernamentales.
Una de las más crueles aberraciones en una sociedad es el abuso sexual, aún más contra menores, agravada cuando se desconocen los motivos, los culpables y las consecuencias, porque las dudas siempre atormentan. Las pesquisas continúan para responder con la precisión requerida en el ámbito judicial a las preguntas: ¿quién o quiénes?, ¿cómo? y ¿por qué?
El problema es gravísimo, tanto que en el país no hay un órgano que registre el tipo, las condiciones, el estado de la víctima y la averiguación contra el agresor, como sí lo hay para ejecuciones o secuestro, para colocarlo en perspectiva. El primer paso para resolver un asunto es tener un diagnóstico, con magnitud y variantes, ya que su ausencia muestra la falta de compromiso de las autoridades para atenderlo.
La respuesta fácil sería engrosar la burocracia, creando más oficinas especializadas o endurecer las penas; sin embargo, no es suficiente, pues los factores detonantes de la violencia contra los menores también tienen carácter económico, laboral y sicológico, no solo criminal. Echar la culpa a los servidores públicos, más en esta época electoral, es pretender provecho político, vulgarizando un tema intocable en dicho sentido.
De lo que sí hay certeza -reflejada en estudios y constada en el Caribe Mexicano- es que más de la mitad de las agresiones sexuales es cometida por familiares o personas muy cercanas a la víctima, lo cual suele complicar el actuar completo de la justicia. Se ha expuesto que en esta región son causas el excesivo calor, la ropa ligera, las casas pequeñas con muchos parientes, el abuso en el consumo de alcohol y las extensas jornadas laborales en sectores como el turismo.
No se trata de criminalizar el entorno familiar, sino de proveer a la comunidad de información acerca de la manera en que puede identificar las señales y, sobre todo, fomentar la denuncia. Lo peor es que hay resistencia a la acusación, propensión a ocultar y se desestiman muchos testimonios de alerta, pues predominan el pudor, el miedo al tratamiento médico, a la situación vulnerable en lo económico y la posible venganza.
En apariencia la violencia sexual aumenta pese a los esfuerzos de todos los involucrados y por más campañas preventivas que desarrollen en los sectores público y privado. Gracias a ello, el fenómeno sigue siendo estudiado, lo cual ha ayudado a emprender acciones y anticipar muchos casos, aunque evidentemente falta mucho por hacer.
La solución no solo depende de políticas públicas, sino de una labor integral, que incluya a las instituciones de asistencia social, de salud y de justicia, pero también a la sociedad entera, de todos los estratos socioeconómicos. La respuesta la debemos encontrar entre todos, porque no ocurren solo contra niñas, también contra varones, y no solo en espacios cerrados, ya que se han documentado abusos en escuelas, iglesias, campos deportivos y hospitales.
El caso de la pequeña “Gabriela N”, quien se debate entre la vida y la muerte, es el más claro ejemplo de que todo lo emprendido hasta la fecha ha sido insuficiente.
